El título suena contradictorio para este blog. En efecto, uno de los anhelos de todos quienes trabajamos en el denominado ámbito social es fomentar la responsabilidad social en distintos actores, en especial las empresas. Sin embargo, y dada la controversia que ha generado el caso Penta en la ciudadanía dejando a luz las millonarias ganancias que tienen los mayores grupos económicos de nuestro país, algo que todos sabíamos, pero que era difícil cuantificar, hoy sostengo que se deben eliminar las áreas de responsabilidad social, por lo menos en aquellas grandes empresas, siendo éstas reemplazadas por fundaciones o corporaciones fiscalizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
Cada año vemos por la televisión a grandes grupos económicos donando millonarios montos a la Teletón, siendo este acto aplaudido por todos y obteniendo una gran imagen de solidarios ante el país. Sin embargo, nadie señala cuál porcentaje de las utilidades -si es que son parte de sus utilidades o si bien son imputadas como gasto o crédito para reducir impuestos- son las donadas a esta u otra organización social. Si bien, las empresas poco a poco están asumiendo un compromiso para con la sociedad, muchas de ellas sólo tienen un objetivo de marketing y publicidad en sus actos. Sin ir más lejos, muchas de las áreas de este ámbito dependen directamente de un gerente de comunicaciones.
Algunos dirán que la obtención del dinero para financiar una causa social es lo importante independiente de cómo se consiga. Otros postulan, argumentándose en teorías aprendidas sobre negociación, que es eficiente y lo ideal para una economía lograr que todos ganemos; la comunidad recibe recursos, la empresa gana en publicidad.
Yo no estoy de acuerdo.
Dado que la mayoría de las grandes empresas no realizan estas acciones por ideales ni mucho menos por la búsqueda de una sociedad más justa, es que promuevo una legislación, si es que quieren generar proyectos de responsabilidad social, en que los recursos que se destinen a estos efectos sean administrados por fundaciones o corporaciones autónomas a las empresas.
No soy utópico, es casi imposible bloquear la influencia de los dueños de cada empresa en las acciones que realiza -incluso algunas grandes empresas ya poseen sus propias fundaciones- pero si estoy convencido que por esta vía se reducen en parte los objetivos comunicacionales que persiguen actualmente sus acciones. Propongo, para hacer frente a este objetivo, que la fundación o corporación sea autónoma, presidida por el dueño de la empresa patrocinante o algún representante de éste, pero con un cierto número de directores generados desde la sociedad civil, muy similar a la figura que hoy poseen las corporaciones municipales de cultura. De esta forma, no se prescinde de la influencia de la empresa y sus controladores, pero si se introducen criterios técnicos y desinteresados a la gestión de una organización social, con un presupuesto disponible para desarrollar acciones sociales.
En caso de no avanzar hacia esta medida, el estado debiera obligar a estas empresas a donar el porcentaje que destinan a responsabilidad social a un fondo administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Cabe recordar que la actual legislación sólo genera incentivos a las empresas, no obligaciones, con un fin mucho más cuestionable para la sociedad: la reducción de impuestos, algo que a la luz del Caso Penta, debiera ser reprochado por todos. Ya es hora de empezar a exigir a quienes más tienen y no sólo buscar acuerdos de beneficio de imagen empresarial